El último viernes, el Gobierno prorrogó por más de un mes el período de negociación con los bonistas para resolver el capítulo de la deuda soberana bajo ley externa. La decisión contrasta con los intervalos de siete o diez días que venía estableciendo, con la presunción entonces de un acuerdo que estaba al caer.
“La segunda oferta no termina de ser aceptada plenamente,” dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva. Ahora Argentina tiene hasta el 24 de julio para convencer a los acreedores de aceptar una nueva proposición de canje. Son cerca de USD 65.000 millones.
En este nuevo contexto Argentina se encamina a profundizar su situación de default. Argentina ya se encuentra en default selectivo en dólares desde que incumplió en abril de este año el servicio bonos Globales por USD 500 millones. A finales de este mes vence un nuevo pago de intereses por otros bonos, los Par, Discount y 2117. Son unos USD 512 millones adicionales.
El país tendrá 30 días de gracia nuevamente para resolver el pleito, aunque de momento la perspectiva luce desfavorable.
El acuerdo estaba cerca
Desde posiciones iniciales antagónicas, ambas partes de la negociación se habían acercado notablemente. La brecha entre el valor presente de Gobierno y acreedores estaría en el orden de los 5 y 8 puntos. O en rigor, entre USD 5,000 y USD 7.500 millones de diferencia.
Sin embargo, el tenor de los comunicados, así como el plazo extendido, habla de una negociación que se enfría. Siempre hay un elemento de “teatralidad” y tirantez en este tipo de negociaciones, que involucran miles de millones de dólares, pero el riesgo de romper el acuerdo también es concreto. El principal grupo de bonistas calificó a las negociaciones como un “fracaso” e indicó públicamente que explora la vía legal (en la justicia de Estados Unidos).
“Las autoridades han elegido profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra propuesta sustentable y sensible”, expresaron los 13 fondos de inversión agrupados en el comité Ad Hoc Bondholders, el grupo de mayor peso entre los acreedores. “El gobierno se ha alejado de esta solución (…) y han elegido permanecer en un estado de default”.
El Gobierno, por su parte, dijo que las propuestas son “ampliamente inconsistentes con el marco de sustentabilidad de la deuda que la república necesita”. En un comunicado, expuso tanto las ofertas de los bonistas como la suya propia. Hasta entonces no se conocían por las cláusulas de no divulgación.
La última versión de la propuesta argentina, la tercera desde la oferta inicial que fuera rechazada en abril, contiene las siguientes mejoras:
- Sube el cupón promedio a 3,20% desde 2,75%
- Introduce un pago de intereses de 0,125% en 2021
- Reduce quitas de capital y acelera amortizaciones
- Incrementa la compensación por los intereses corridos no pagados
- Crea un cupón con pagos atados al desempeño de las exportaciones de bienes
Del lado de las contrapropuestas, el grupo liderado por Blackrock solicitaba entre otras cosas la mitad del pago en efectivo por los intereses acumulados y una quita de capital de 1% en vez de 3% estipulado en los bonos Globales de la generación 2016 en adelante.
Como referencia, a una tasa de salida estimada en 10%, las propuestas están entre 50 USD y 57 USD promedio, desde lo económico la distancia se ha acortado a 7 USD desde los 21 USD originales.
Más allá de números, hay también otras discrepancias en cuanto al resguardo legal. Los bonistas buscan condiciones de contrato similares a las que consiguieron en el canje de 2005, en detrimento de las que recibieron los acreedores en 2016. Estas últimas ofrecen una protección notablemente inferior a los bonistas, y más favorables al soberano. Son las condiciones con las que el gobierno de Fernández quiere blindar los nuevos bonos del canje.
Ambas partes han acercado posiciones durante la negociación, aunque la perspectiva ha empeorado
Cálculos de las diferentes propuestas para una tasa de salida o Exit yield del 12%
De momento, las negociaciones entran en un impasse. Según expresó el Gobierno, el interés por cerrar un acuerdo en lo inmediato podría haberse disipado. “En 2005, Argentina empezó la negociación en enero y terminó en diciembre de ese año. Tardamos un año en negociar. La verdad que no entiendo muy bien el apuro que tenemos ahora para ver cuándo salimos del default,” dijo Fernández en esa misma entrevista.
El banco Morgan Stanley prevé un acuerdo para el tercer trimestre.
Licitación en pesos
En el plano local, el Gobierno licitó deuda en pesos y refinancio ARS 135.000 millones que vencían la semana pasada, con nuevos bonos a tasas cercanas al 30% anual para los plazos más cortos. Buena parte de la tenencia estaba en manos del fondo internacional de inversión PIMCO, que según se conoció renovó la totalidad de sus tenencias.
Los esfuerzos por restablecer un canal de deuda local en pesos, en un entorno donde la emisión monetaria es la única fuente de financiamiento del fisco ante la pandemia, están dando resultado (a fuerza también de mayores restricciones a la compra de divisas), cerrando este grifo que de lo contrario obligaría a una emisión aun mayor o a canjes menos favorables para los tenedores de deuda en moneda local.
Recomendaciones de inversión
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