Las finanzas sostenibles representan una oportunidad de inversión atractiva y necesaria para aquellos emisores e inversionistas conscientes de los elevados costos de una mala o tardía adaptación al cambio climático. Permanecer en una lógica de business as usual puede implicar, por ejemplo, costos adicionales a la hora de reemplazar infraestructura o activos dañados por eventos climáticos, pérdidas de ingresos por falta o escasez de materias primas, riesgos reputacionales por contaminación o daños al medioambiente y comunidades, costos regulatorios por falta de adaptación a nuevas exigencias ambientales, etc. Para muchos, las finanzas sostenibles ya no constituyen instrumentos de deuda alternativos, sino obligatorios a su supervivencia ambiental, social y corporativa.
En América Latina y el Caribe (ALC), los valiosos recursos naturales y los compromisos adoptados por los gobiernos en la lucha contra el cambio climático hacen del mercado de deuda sostenible una opción atractiva para quienes buscan enverdecer sus carteras con rendimientos similares o incluso superiores a los de otros instrumentos tradicionales. Apostar por activos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa implica apoyar y promover prácticas éticas, responsables y sostenibles a largo plazo. A su vez, la auditoría y certificación llevada a cabo por agentes externos garantiza la transparencia de las empresas o proyectos que se financian.
El rol de las finanzas
Para cumplir con sus objetivos climáticos y en paralelo a medidas fiscales, los Estados se financian mediante la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y de transición (VSS+) orientados a costear proyectos de mitigación y adaptación como, por ejemplo, la reducción de la polución del agua, aire y suelos, el desarrollo de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética. Si bien los bonos soberanos fueron los primeros en desarrollar el mercado de deuda VSS+, el sector privado viene mostrando un creciente interés por alinear sus carteras de inversión con proyectos de impacto positivo a nivel medioambiental y social. Según Climate Bonds Initiative, a fines de 2022 la cuota del segmento etiquetado VSS+ en los mercados de capital de deuda fue del 5% a nivel mundial. En ALC, la cuota alcanzó el 21%, contabilizando un total de 154,1 mil millones de dólares acumulados desde la creación del mercado en la región en 2014.
América Latina y el Caribe
En los últimos 20 años, ALC experimentaron en promedio un fenómeno climático extremo cada tres años, es decir un aumento del 50% con respecto a la media registrada entre 1980 y 2000. Los países de Centroamérica y el Caribe son los más afectados por huracanes, inundaciones y aumentos del nivel del mar, pero tres de las principales economías de la región -Brasil, México y Colombia- también sufren un aumento importante de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos. Según la ONU, el 46% de las pérdidas económicas mundiales derivadas de desastres meteorológicos de la última década tuvieron lugar en ALC.
Para adaptarse al cambio climático, la región presenta importantes ventajas a nivel mundial: valiosos recursos naturales (se destacan las reservas de cobre y litio), condiciones solares y eólicas favorables al desarrollo de energías renovables y actividades como la silvicultura, agricultura, bioenergía y producción de alimentos. A su vez,una buena gestión de la selva amazónica puede contribuir a la captura de dióxido de carbono (CO2) y la preservación de la biodiversidad.
En este sentido, una mayor movilización de fondos públicos y, fundamentalmente, de capitales privados resulta imprescindible para acelerar la transición hacia economías bajas en carbono. Según la ONU, las principales economías de la región deberían invertir anualmente entre 7 y 11% de sus Productos Brutos Internos (PBI) durante el período 2020-2050 para respetar sus compromisos climáticos. Sin embargo, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ALC tienen una de las mayores brechas de financiamiento a la adaptación: se necesitarían entre 14,7 y 18,1 mil millones de dólares suplementarios al año para responder y prevenir pérdidas provocadas por el cambio climático.
En la región, las finanzas sostenibles se impusieron con mayor facilidad en los mercados de capitales más robustos: Chile, México y Brasil. Dentro de la deuda VSS+, la etiqueta que dominó en 2022 fue la sostenible (51%) y la vinculada a la sostenibilidad (23%), por sobre la verde (13%) y la social (12%). La mayoría de la deuda está denominada en monedas internacionales y, en línea con su tendencia histórica, los principales emisores de deuda VSS+ de la región el año pasado fueron soberanos (34%) y corporativos no financieros (32%), seguidos de bancos de desarrollo (17%), corporativos financieros (9%) y entidades respaldadas por gobiernos (7%).
¿Pero qué es el cambio climático?
El cambio climático consiste en la modificación a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos derivados del calentamiento global, es decir de la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Esto es consecuencia, principalmente, de la combustión de energías fósiles (carbón, petróleo y gas) provenientes de actividades humanas y se traduce en aumentos de la temperatura, olas de frío y calor, sequías, inundaciones, incendios forestales, derretimiento de glaciares, aumentos del nivel del mar y acidificación de los océanos, entre otros. A su vez, sus efectos colaterales repercuten sobre la biodiversidad, la salud, la producción y el empleo.
El compromiso internacional
Con el objetivo de coordinar esfuerzos a nivel internacional para combatir el cambio climático, cada año se festeja una Conferencia de las Partes organizada por las Naciones Unidas (ONU), conocida como COP. En la celebración de su 21ª edición en 2015, 195 países firmaron en París un acuerdo internacional comprometiéndose a reducir las emisiones de GEI para estabilizar el calentamiento global “muy por debajo” de los 2°C con respecto a las temperaturas de la era preindustrial (1861-1880) e, idealmente, redoblar esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.
El objetivo final es alcanzar un estado de neutralidad climática o de cero emisiones brutas en 2050 que implica dos cosas:
- Cero emisiones netas de CO2, es decir una compensación entre las emisiones que entran a la atmósfera y su posterior absorción, ya sea por vía natural o mediante tecnologías de captura y almacenamiento de CO2
- Ausencia de emisiones de otros GEI que no pueden ser compensados
En este sentido, los Estados implementan políticas públicas de mitigación de las emisiones de GEI y de adaptación de los humanos, animales y vegetales a los efectos del cambio climático para fomentar la transición hacia economías bajas en carbono y modelos de desarrollo sostenibles.
CRITERIA | Nadia Allemand